Diputado Benjamín Moreno valora avance del proyecto de desalinización pero advierte riesgos para inversiones y seguridad hídrica

El diputado Benjamín Moreno destacó el avance del proyecto de ley que regula el uso
de agua de mar para desalinización, actualmente en segundo trámite constitucional. No
obstante, advirtió que el texto presenta aspectos que podrían generar incertidumbre para
grandes inversiones y afectar la futura estabilidad del suministro hídrico del país.

La iniciativa crea una Estrategia Nacional de Desalinización, establece un régimen de
concesiones de hasta 30 años renovables una sola vez, define servidumbres asociadas a
la infraestructura y fija nuevas reglas de fiscalización y sanciones. Para el
parlamentario, se trata de un avance hacia una institucionalidad moderna, pero que aún
requiere ajustes para no obstaculizar el desarrollo de proyectos estratégicos.

Uno de los puntos que genera mayor preocupación es la duración de las concesiones.
Según explicó, un máximo de 30 años resulta insuficiente para proyectos de gran escala,
especialmente aquellos vinculados a la minería, donde la vida útil suele superar las seis
décadas. A su juicio, este límite podría afectar la continuidad del suministro de agua
desalinizada y desincentivar inversiones de largo plazo.

Otra observación apunta a que caducan automáticamente las concesiones si las obras no
se inician en un plazo de dos años. Moreno advirtió que este requerimiento no es
compatible con proyectos multipropósito que requieren extensos procesos de ingeniería,
permisos sectoriales y cierres financieros, lo que podría dejar fuera iniciativas clave
para el abastecimiento humano y productivo.

El diputado también señaló la falta de claridad sobre cuál será la autoridad permanente
encargada de otorgar y fiscalizar las concesiones, responsabilidad que actualmente recae
transitoriamente en el Ministerio de Defensa. Asimismo, cuestionó la exigencia de
presentar un plan de cierre adicional al ya contemplado en la legislación ambiental, lo
que —según indicó— implica duplicar trámites y costos innecesarios.

Pese a estas observaciones, el parlamentario confirmó que votará a favor en general del
proyecto, aunque insistirá en introducir modificaciones. Afirmó que Chile necesita una
ley moderna, flexible y realista, que facilite el desarrollo de infraestructura hídrica
crítica y promueva nuevas fuentes de agua ante la creciente escasez hídrica que enfrenta
el país.