SernamEG Maule gestiona pensión de reparación para hijo de víctima de Femicidio en Talca

 La dirección regional del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género presentó
una querella en representación de la familia, además de entregar acompañamiento y
orientación.

La dirección regional del SernamEG-Maule, asumió la representación jurídica de la familia de la
víctima de femicidio consumado en Talca, a través de una querella.

Con los permisos legales para actuar como parte querellante, la dirección regional participó de la
audiencia de control de detención y/o formalización del agresor y se adhirió a la petición de la
fiscalía de solicitar presidio perpetuo calificado, lo que implicaría una condena de por vida, con al
menos 40 años efectivos de cárcel antes de poder optar a beneficios penitenciarios.

Desde que se conocieron los hechos, equipos especializados en violencia de género del SernamEG
han acompañado a la familia de la víctima con diversas gestiones: levantamiento de necesidades
espontáneas de la familia y coordinación para el ingreso a través del Centro de Apoyo a Víctimas
de Delitos Violentos de la Subsecretaría de Prevención del Delito.

Del mismo modo, se activó el Circuito Intersectorial de Femicidio (CIF), donde cada organismo en
función de sus competencias ha desarrollado gestiones en atribución de la urgencia del caso, lo
que fue destacada por la directora regional de SernamEG Ana Cecilia Retamal. “Inmediatamente
conocido el hecho se activa el Circuito Intersectorial de Femicidio en donde cada institución se
pone a disposición de las necesidades de la familia de Daimary. Como SernamEG, a través de
nuestra abogada estaremos atentas al proceso judicial a fin de conseguir justicia y una condena
ejemplarizadora para tal brutal delito”, precisó.

La directora regional añadió que se invocará la normativa de la ley 21.565 para el acceso a una
pensión de reparación destinada al hijo menor de la víctima, beneficio que se mantendrá hasta
que alcance la mayoría de edad.

El imputado se encuentra con la medida cautelar de prisión preventiva al ser considerado un
peligro para la seguridad de la sociedad. El tribunal además fijó un plazo de tres meses de
investigación, con una posibilidad de audiencia de revisión programada para dentro de un mes.