Diputado Benjamín Moreno destaca avance de Ley Antibarricadas 2.0: “Manifestarse es un derecho, pero bloquear las calles y poner en riesgo a otros no puede quedar impune”

La Cámara de Diputados aprobó por 89 votos a favor, 41 en contra y tres abstenciones
el proyecto conocido como Ley Antibarricadas 2.0, iniciativa impulsada por el
Gobierno que busca reforzar las sanciones frente a quienes bloqueen la circulación o
afecten el normal funcionamiento de los servicios de transporte.

La propuesta amplía las conductas que pueden ser sancionadas cuando se interrumpe u
obstaculiza la circulación de personas y vehículos o el funcionamiento del transporte
público o privado, diferenciando las manifestaciones pacíficas de aquellas acciones que
implican violencia, barricadas o bloqueos que afecten efectivamente la circulación.

El diputado Benjamín Moreno señaló que “manifestarse pacíficamente es un derecho
que debemos resguardar, pero eso es muy distinto a instalar o incendiar barricadas,
bloquear calles o impedir que miles de personas puedan llegar a sus trabajos, llevar a
sus hijos al colegio o simplemente desplazarse con normalidad. Cuando estas acciones
afectan la vida cotidiana y ponen en riesgo a otros, el Estado debe contar con
herramientas para actuar y sancionar a quienes correspondan”.

La iniciativa contempla además sanciones más severas para quienes actúen con
violencia o intimidación, instalen o incendien barricadas que pongan en riesgo a las
personas, intervengan sistemas de transporte o impidan el desplazamiento de
ambulancias, Bomberos, vehículos policiales y otros servicios de emergencia.
“Impedir o retrasar el paso de una ambulancia, de Bomberos o de un vehículo de
emergencia puede tener consecuencias gravísimas. En una emergencia, cada minuto
cuenta y una acción de este tipo incluso puede poner en riesgo la vida de una persona”,
sostuvo el parlamentario.

El texto establece criterios para sancionar las obstrucciones según su gravedad y efectos
concretos, excluyendo accidentes u otras causas justificadas y resguardando el ejercicio
legítimo del derecho a reunión, huelga y manifestación pacífica.

Finalmente, el diputado agregó que “lo importante es que exista una señal clara de que
la violencia y las acciones que deliberadamente afectan la seguridad de otras personas
tienen consecuencias. El objetivo es contar con mejores herramientas para actuar frente
a este tipo de hechos y evitar que queden impunes”.

Con la aprobación de la Cámara de Diputados, el proyecto continuará ahora su
tramitación en el Senado, donde deberá ser discutido en segundo trámite constitucional.