Diputado Benjamín Moreno vota a favor de proyecto que endurece sanciones para adolescentes que cometen delitos graves

La Cámara de Diputados debatió el proyecto que propone una serie de modificaciones a
la Ley N° 20.084 sobre responsabilidad penal adolescente, con el objetivo de fortalecer
las sanciones aplicables a menores de edad que cometan delitos de especial gravedad.

La iniciativa surge como respuesta al preocupante aumento en la participación de
adolescentes en crímenes violentos. Solo en 2023, se contabilizaron más de 36 mil
jóvenes infractores de ley, incluidos 134 casos de homicidio, cerca de 10 mil lesiones y
casi 3 mil delitos sexuales cometidos por menores. El proyecto plantea una reforma
estructural al sistema, con el fin de impedir que estas conductas queden impunes o
reciban penas desproporcionadamente leves.

Entre sus principales medidas, el proyecto aumenta de 5 a 10 años el máximo de
internación en régimen cerrado para delitos gravísimos, endurece las consecuencias por
el quebrantamiento del régimen de sanción, y obliga al juez a considerar el riesgo para
la víctima al evaluar beneficios penitenciarios. También refuerza la supervisión judicial
del cumplimiento de las penas e introduce ajustes normativos para mantener la
coherencia con la ley que crea el nuevo Servicio Nacional de Reinserción Juvenil.

En este contexto, el diputado Benjamín Moreno, quien votó a favor de la propuesta,
destacó la urgencia de adecuar el sistema penal juvenil a la realidad actual. “El sistema
penal adolescente debe estar en sintonía con lo que está ocurriendo en nuestras calles.
No puede ser que delitos como homicidio o secuestro con resultado de muerte reciban
sanciones simbólicas solo porque el autor es menor de edad. La vida humana debe ser
protegida con la misma fuerza, sin importar la edad del agresor”, afirmó.

El parlamentario advirtió que estas conductas también están afectando gravemente a las
comunidades más alejadas del país. “El crimen organizado ha aprendido a usar a
menores como carne de cañón porque sabe que el castigo es menor. Esta reforma pone
fin a esa lógica insostenible y devuelve al Estado su autoridad frente a quienes eligen el
camino de la violencia”, señaló.

En el caso específico de la Región del Maule, la situación es especialmente
preocupante: según cifras, en 2023 se registraron 2.412 causas judiciales relacionadas
con adolescentes entre 14 y 17 años, ubicando a la región entre las que presentan las
cifras más altas del país. Esta realidad, según indicó el diputado, refleja una tendencia
que afecta directamente a las comunas rurales, donde muchas veces los recursos de
prevención y control son limitados.

Finalmente, Moreno subrayó que este proyecto representa un avance importante, pero
que debe ser parte de un esfuerzo más amplio. “Debemos avanzar también en un debate
profundo sobre cómo funciona el sistema de reinserción juvenil. Pero primero, debemos
ser claros: quien comete delitos gravísimos, aunque sea adolescente, debe enfrentar las
consecuencias con toda la firmeza que la ley permita”, concluyó.